"Linea 84"

  Introducción

Son famosas las fotos de la frontera sur de México con Guatemala donde se pueden apreciar balsas pasando por el río Suchiate de un país a otro sin ninguna restricción aparente. Si bien dentro de los 1149 km de frontera existen ocho cruces fronterizos entre México y Guatemala (Cd Hidalgo - Tecún Umán, Cd. Hidalgo - Tecún Umán, Talismán - El Carmen, Cd. Cuauhtémoc - La Mesilla, Carmen Xhan - Gracias A Dios, Nueva Orizaba, México - Ingenieros, Guatemala, Frontera Corozal, México - Bethel, Guatemala y el Ceibo) y dos en Belice (puente Internacional Río Hondo y puente Internacional Chac-Temal), uno podría creer que no existe ningún mecanismo formal para controlar la entrada de personas en la frontera sur de México y que el gobierno mexicano considera la jungla, las montañas y los ríos Suchiate, Usumacinta y Hondo como barreras suficientes para controlar la entrada de personas a su territorio.

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La gran mayoría de las personas que cruza la frontera (140 mil centroamericanos al año según el Instituto Nacional de Migración)[i] son personas que viven en la región transfronteriza y llevan a cabo actividades comerciales, laborales, familiares, así como turísticas. Sin embargo, parte de estas personas son migrantes que salen de sus países en busca de oportunidades a destinos como Estados Unidos y, más recientemente, México.[ii] Esto se debe a que las políticas económicas de sus países de origen privilegian la acumulación de capital en las elites empresariales nacionales e internacionales, lo cual ha generado mayor desigualdad económica en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Bajo estas políticas económicas el Estado ha dejado de ser el garante del bienestar de su población, dejando a la mayoría de ella desprotegida. Por ejemplo, 70% de los habitantes de Honduras (más de 8 millones) vive en la pobreza extrema. Aunado a ello, la violencia tanto por parte del crimen organizado, como la del Estado, quien aplica políticas de seguridad que criminalizan a la población joven, pobre y vulnerable, obligan a éstos a huir de sus países de origen para salvar la vida.[iii]

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El mantener la frontera abierta ayuda a que los costos del comercio y los sueldos de trabajadores guatemaltecos que trabajan en la zona fronteriza con México se mantengan bajos, debido a la falta de barreras tanto comerciales como físicas que llevarían a un incremento en ellos. El mismo gobierno mexicano emite permisos temporales a guatemaltecos para quedarse hasta tres noches a menos de 100 kilómetros de la frontera.

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Asimismo, la presencia de inmigrantes beneficia a la sociedad receptora quien obtiene la fuerza de trabajo y el consumo de los migrantes, por lo que existen espacios donde los documentos de estadía tienen poca importancia. Históricamente, la migración centroamericana en la frontera sur no se había considerado como un problema hasta finales del siglo XX. Fue a partir de la década de 1980 con las guerras civiles en Centroamérica que el gobierno mexicano comenzó a aumentar su presencia en la frontera sur y que se crearon programas para impedir el paso de la población de Centroamérica por México hacia los Estados Unidos.

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En el caso de Tabasco, estado limítrofe con Guatemala, fue a partir de la década de 1960 que se comenzó a experimentar mayor migración de personas procedentes del país vecino que buscaban tierras para actividades agrícolas y ganaderas. Asimismo fue lugar de prácticas ilegales como el saqueo de piezas arqueológicas, la caza y comercialización de especies silvestres, debido a la ausencia de controles estatales.[iv] A nivel regional, el municipio de Tabasco que colinda con la frontera es Tenosique con el corredor Naranjo-Ceibo en el Petén guatemalteco, lugar de nuestra investigación.

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Tras la devastación del huracán Stan en 2005, Tenosique, en el estado de Tabasco, y a tan sólo una hora de la frontera, comenzó a ser relevante para los migrantes, pues el desastre natural obligó a los migrantes a buscar rutas alternativas a las comúnmente utilizadas: la del Soconusco y la Sierra, las dos zonas de ingreso más importantes entre los límites de Chiapas y Guatemala. Tenosique conecta por carretera a la ciudad de Villahermosa y es el punto de salida del tren carguero “La Bestia” hacia el interior de la república mexicana. 

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La política migratoria mexicana puede definirse como una política de selectividad y contención donde la policía federal y el ejército vigilan las rutas de comunicación a lo largo del país. Es lo que varios académicos, incluyendo a Fitzgerald y Palomo (2018), describen como una “frontera vertical”.[v]

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Si bien la Ley de Migración actual, aprobada en 2011, destaca la importancia que el país otorga a la protección de los derechos humanos y hace énfasis en la no discriminación, el acceso a la justicia, el debido proceso, la educación, la salud, la unidad familiar y la identidad, en la práctica, la realidad es otra: de las 14,596 solicitudes que se recibieron de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en 2017, sólo 1907 fueron aprobadas.[vi] Asimismo, en ese mismo año se registraron 93,846 detenciones y 82,237 deportaciones según la Secretaría de Gobernación (SEGOB).[vii] Por otro lado, de acuerdo con Elba Coria y Patricia Zamudio (2018) la política de migración mexicana ha sido históricamente restrictiva y selectiva, pues favorece a aquellas personas que puedan traer un “beneficio social, económico o productivo traducidos en una ponderación de la capacidad económica, la escolaridad, profesionalización  otras cualidades o características deseables de las personas migrantes”.[viii] Estas dos características afectan severamente a personas en situación de vulnerabilidad como las víctimas del delito, solicitantes de la condición de refugiadas, pero también a personas que tienen bajas o nulas calificaciones laborales, lo que resulta en muchas ocasiones en violaciones a sus derechos humanos y en la restricción de su acceso a derechos. Esto, en el fondo, se debe a que la política de migración mexicana está supeditada a la de Estados Unidos, Estado que busca que estas poblaciones no lleguen a sus fronteras, como se verá a continuación.

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Antecedentes de política de contención migratoria
 

Si bien, como se expresó anteriormente, el gobierno mexicano ha buscado contener la migración centroamericana a partir del final de la década de 1980, fue sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que esta visión se endureció ante las demandas de Estados Unidos para que México ligara el tema de la seguridad nacional con el de la migración. En este sentido, el Instituto Nacional de MIgración (INAMI) implantó el Plan Sur entre 2001 y 2003 el cual estableció mecanismos para sellar el Istmo de Tehuantepec: 1) el aumento del número de autoridades en los puntos reconocidos como paso de migrantes indocumentados, 2) la creación de nuevos grupos Beta, cuya tarea era tratar de convencer a los indocumentados para que regresaran a su país, recoger denuncias sobre atracos y prestar atención médica y de primeros auxilios, y 3) coordinar las distintas instituciones militares, policiacas federales y locales para la intercepción y detención de migrantes. 4) Además, se estableció un programa de repatriación al lugar de origen para evitar que los migrantes indocumentados reincidieran (Gretchen Kuhner, BBC Mundo, 2002). Fue en esta época que se construyó la estación migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, una de las más grandes de Latinoamérica, donde se concentra a las personas sin documentos antes de ser deportadas. Todo esto tuvo un costo de 11 millones de dólares (Fitzgerald y Palomo, 2018, p. 20). El plan Frontera Sur tuvo como consecuencia un aumento en el número de detenciones y arrestos. De 2002 a 2005 el número de extranjeros detenidos por el INAMI subió 74%. Sin embargo, este plan fue muy criticado debido a que varios agentes estatales, sin contar con la debida autorización ni la capacitación necesaria, comenzaron procedimientos de verificación y detención de migrantes y aumentaron los reportes sobre irregularidades en las condiciones de detención en varias de las estaciones migratorias registradas en el país.[ix]

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En el marco de este plan, el gobierno mexicano mandó a cientos de agentes nuevos y a militares a la parte norte de las carreteras que llegaban a Guatemala y Estados Unidos y proveyó el equipo necesario para patrullar los ríos en el área. Esto creó mayores riesgos para los migrantes centroamericanos, pues con ello se multiplicaron los retenes en todo el país, lo que llevó a que los flujos migratorios se desviaran hacia rutas más peligrosas en el estado de Tabasco y Oaxaca.[x] Tenosique y sus alrededores, espacio en el que se enmarcan los relatos de esta investigación, es una de estas zonas selváticas, difícilmente accesibles y muy solitarias.

Sin embargo, el programa Frontera Sur no prosperó y terminó en 2003, debido a que el gobierno no contaba con los fondos para mantener a los migrantes detenidos, pues no se contemplaron gastos como techo, comida y transporte para los detenidos (Kimball, 2007, p. 85).

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Por otro lado, desde 2005 el INAMI se incorporó al Consejo de Seguridad Nacional de México, por lo que ha disminuido el acceso público a la información de las actividades de este órgano institucional, así como a los centros de detención. Asimismo, la marina mexicana comenzó a hacerse cargo de la seguridad de la frontera en el sur.  

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En este mismo año también se creó un nuevo proyecto regional, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN), con la idea de incrementar la productividad, el comercio y la inversión a través de su integración a la economía mundial. Bajo esta visión, el bienestar se vuelve un sinónimo de asegurar altos niveles de productividad y facilitar la realización de negocios, a la vez que se ligan estos temas con un “aseguramiento” de la región centrado en preocupaciones por las amenazas del exterior, entre ellas la migración indocumentada. En los aspectos de seguridad, la ASPAN busca:

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a) Instrumentar estrategias comunes en materia de seguridad fronteriza de viajeros y bienes y bioprotección

b) mejorar la protección de la infraestructura crítica e instrumentar criterios comunes de respuesta ante emergencias

c) intensificar y modernizar la seguridad aérea y marítima

d) mejorar los mecanismos de cooperación en materia de inteligencia [xi]

 

Si bien podemos apreciar cómo el tema de la migración se comenzaba a volver un tema de seguridad nacional dentro de la agenda mexicana desde inicio del siglo XX, la culminación de esta visión securitizada de los movimientos fronterizos es evidente con la creación de la Iniciativa Mérida, la cual incluyó un paquete de ayuda financiera y técnica a México pero también a Centroamérica, República Dominicana y Haití (2.5 billones de dólares entre 2008 y 2015). Esta ayuda incluyó la adquisición de un importante número de equipo militar, así como entrenamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos a policías y militares de los países firmantes.

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El objetivo principal de la Iniciativa Mérida es combatir las amenazas del narcotráfico, la delincuencia trasnacional y el terrorismo en el continente americano a través de cuatro pilares: 1) la desarticulación de la capacidad operativa de la delincuencia organizada; 2) la institucionalización de la capacidad del Estado de derecho en las instituciones de seguridad y justicia; 3) la creación de una estructura fronteriza del siglo XXI que facilite el tránsito de personas y el comercio pero que obstaculice el flujo de drogas, armas y dinero ilícito, y 4) la creación de comunidades fuertes.

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Bajo el tercer pilar el Servicio de Administración Tributaria, México recibió la transferencia de 161 canes, equipo no intrusivo para detectar narcóticos, armas de fuego y dinero en efectivo. Se destinaron $14.5 millones de dólares en equipo biométrico, el cual se instaló en tres puntos a lo largo de la frontera sur de México.[xii] De esta manera, este pilar busca explícitamente prevenir que personas y productos “no deseados” lleguen a la frontera con Estados Unidos.

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De acuerdo con Natalia Armijo Canto, en 2007 la entonces comisionada del INAMI, al ser cuestionada sobre si las razones de un mayor control se debían a presiones de Estados Unidos, señaló que: “La razón social o política [de impedirles el paso en territorio mexicano] no es si los gringos me dicen si puedo o no puedo, olvidémonos de eso. Simplemente allá no los van a dejar pasar […] y en cambio sí afectarán el desarrollo mismo de México, el tejido social en los estados fronterizos, lo cual se nos convierte en un gravísimo problema” (Armijo Canto, 2011, p. 43).

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Así, a partir de la Iniciativa Mérida, la migración indocumentada quedó oficialmente a la par de asuntos como el crimen organizado o el terrorismo y, en consecuencia, se le empezó a tratar bajo los mismos principios que se implementaron para combatir al narcotráfico. Dicha militarización ha sido clave para frenar y controlar a través del uso de la fuerza el flujo migratorio proveniente de Centroamérica y en tránsito por México. Por otro lado, la iniciativa Mérida dio lugar a la multiplicación de grupos de narcotraficantes, consecuencia de su estrategia de cortar a las cabezas de los cárteles, su expansión geográfica y la diversificación de sus actividades ilegales, entre las que se incluye el tráfico de personas (Barreda Vidal, 2014, p. 17).

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Por otro lado, ante los reclamos de la sociedad civil organizada, tanto a nivel nacional como internacional, el INAMI convocó en 2005 a una serie de foros de consulta para diseñar una Política Migratoria Integral para la Frontera Sur. De acuerdo con Armijo Canto, estos foros sirvieron para la elaboración de la iniciativa de Ley de Migración que entró a discusión y aprobación en el Senado a inicios de 2011. Con la nueva ley, se despenalizó la migración indocumentada y se dio el derecho de acceso a la salud y a la educación de los inmigrantes, así como a la expedición de actas ante el Registro Civil. Sin embargo, en realidad la ley ha recibido críticas, pues hay ahora mayores restricciones para la reunificación familiar, la adquisición de visas para personas solteras y sin hijos, y la obtención de excepciones en el pago de derechos migratorios. Asimismo, se ha vuelto cada vez más difícil la posibilidad de obtener documentos migratorios o mantenerlos vigentes, lo que ha incrementado la cantidad de personas que no tienen la oportunidad de obtener o renovar dichos documentos,[xiii] de manera que las nuevas disposiciones, a pesar de dar una cara de respeto a los derechos humanos y a la protección de las personas, en realidad entorpecen el acceso a estos derechos. La Ley de migración es por lo tanto contradictoria, ya que parece que más bien fue creada para contener y no para permitir el tránsito de los flujos migratorios por México.

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En 2014, a partir de la “crisis humanitaria”[xiv] declarada por Obama respecto al número de menores no acompañados, mujeres y niños detectados en la frontera sur de los Estados Unidos---de enero a junio 2014 56,547 menores de 18 años de edad buscaron cruzar a los  Estados Unidos, 16,546 de los cuales eran hondureños (Fernández Casanueva, p. 31)---México y los países del Triángulo Norte Centroamericano reforzaron sus fronteras y Estados Unidos aumentó el presupuesto que designa para el control migratorio fuera de las suyas (Fitzgerald, Palomo, 2018, p. 22). Ante la solicitud del mandatario estadounidense al presidente Mexicano, Enrique Peña Nieto, de diseñar estrategias para aminorar el flujo de menores no acompañados, éste anunció el Programa Integral Frontera Sur (2014) al cual se le asignó un presupuesto de 102 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, y el cual fue impulsado por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, según el informe US-Mexican Security Cooperation: the Merida Initiative and beyond.

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El Programa formalmente abarca cinco líneas de acción: 1) Paso formal y ordenado mediante la creación de la Tarjeta de Visitante Regional, diseñada para ciudadanos de Guatemala y Belice; 2) Ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes a través de la operación adecuada de los doce cruces fronterizos oficiales, que se transformarán en “Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo”;[xv] 3) Protección y acción social a favor de los migrantes (aumentar atención en salud, mejorar las condiciones en que operan los albergues y las estaciones migratorias, reforzar esquemas de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que atienden y protegen a migrantes); 4) Corresponsabilidad regional, colaboración multilateral; y 5) Creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de SEGOB con el objetivo de “brindarle atención y ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el estricto respeto a sus derechos humanos”.[xvi]

 

A pesar de contener en el papel una perspectiva de derechos humanos, en la realidad este plan se enfocó principalmente en impedir que los menores no acompañados llegaran a la frontera estadounidense. Además de endurecer la seguridad en la frontera, se reforzó el control y verificación en las principales rutas de movilidad para detectar el tránsito de migrantes indocumentados, y el tráfico de drogas y armas. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos para evitar que migrantes indocumentados subieran al tren de carga, lo que dificultó abordarlo en el poblado de Arriaga, Chiapas---como se hacía a partir de 2005---forzando a las personas a llegar hasta Ixtepec, Oaxaca, para poder subir.[xvii] En este sentido, el plan fue todo un “éxito” pues en efecto aminoró el número de personas detenidas en la frontera de los Estados Unidos. Para 2015 las detenciones por parte de la patrulla fronteriza estadounidense se redujeron 45%, mientras que en México aumentaron 66% respecto al año anterior (Coria y Zamudio, 2018, p. 9).[xviii]

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Del lado centroamericano, empezaron a implementarse controles migratorios dentro del CA4[xix] para que los menores migrantes no acompañados no cruzaran las fronteras de estos países por los puntos fronterizos oficiales. Esto sólo ha provocado que los menores migrantes no acompañados utilicen rutas alternas para cruzar fronteras fuera de la vista de las autoridades. Una vez más, con el reforzamiento y los constantes operativos de aseguramiento, las personas que migran son expuestas a mayores abusos y extorsiones por parte de las autoridades mexicanas,[xx] pues a pesar de que en el papel se habla de mecanismos para asegurar el derecho al asilo, así como la protección a los derechos humanos de los migrantes, estos últimos quedan en realidad muy al margen de los procesos de gestión migratoria frente a la prioridad de detención y deportación de inmigrantes. Aun cuando habido aumento en el número de solicitudes de asilo aceptadas, para 2016 sólo 35% de 3,486 habían sido aprobadas. Por otro lado, a pesar del aumento en las solicitudes de refugiados (de 1,296 en 2013 a 3,486 en 2016) [xxi], el presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), órgano encargado de procesar las solicitudes, se mantiene por debajo de los 2 millones de dólares, en comparación con los 86 millones de dólares destinados al Instituto Nacional de Migración, el principal organismo encargado de las detenciones y deportaciones de migrantes. Asimismo, de acuerdo con Human Rights Watch, menos del 1% de los menores detenidos en México obtiene el estatus de refugiado, debido en parte a que las autoridades no les informan del derecho que tienen a pedir asilo.[xxii] Para aquellos que lo piden, el trámite es sumamente tardado. Muchas veces los menores deben permanecer en centros de detención o albergues sin poder salir durante el tiempo en que dura el trámite. 

 

Como consecuencia de esta securitización de la frontera, las personas que migran han sido obligadas a transitar por nuevas rutas más solitarias y peligrosas, pues los trayectos suelen coincidir con las rutas de droga, principalmente cocaína (Raúl Benítez Manaut, 2011, p. 180).[xxiii] Dados los nuevos peligros, las personas se ven en la necesidad de contratar polleros, “quienes a su vez han cambiado su perfil de “prestadores” de un servicio a traficantes que lucran con la necesidad de las personas (Armijo Canto, 2011, pp. 45-46).

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La frontera sur de México es por lo tanto engañosa; a pesar de parecer un lugar de libre tránsito, esconde pocos metros adentro una zona de inmenso control policial y militar cuya meta principal es contener y deportar a personas que en realidad son sujetos de protección internacional y para quienes migrar no es una decisión sino una necesidad. Este es el caso de muchos hondureños, como se verá en los estudios etnograficos que presentamos más adelante. A estas personas se les coloca en una situación de vulnerabilidad frente al país de tránsito o receptor, pero también frente a otros actores que buscarán beneficiarse de esta situación como tratantes de personas y delincuentes.

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Los mujeres migrantes centroamericanas que residen en esta región suelen trabajar como teiboleras, meseras, ficheras o empleadas de bares que ejercen el trabajo sexual. De acuerdo con Fernández Casanueva (p. 45), un empleo vinculado al trabajo sexual o a un bar es una actividad rechazada socialmente, y en este contexto fronterizo está ligada de manera directa con las mujeres hondureñas, aunque también lo ejerzan otras centroamericanas y, en menor medida, mujeres mexicanas, ya sea que lleguen a ejercer estos trabajos por estar inmersas en una red de trata de personas o por sus redes sociales. En el caso de los hombres hondureños, su estigma no está ligado al trabajo sexual sino a la pertenencia a una mara. Incluso cuando una de sus motivaciones para dejar su país haya sido huir de la violencia, el estigma de ser marero y violento existe, lo cual lleva al maltrato y criminalización de estos jóvenes por las autoridades y la sociedad lugareña.

La migración hondureña

A diferencia de otros países del triángulo norte de Centroamérica, Honduras no sufrió un conflicto armado en la década de 1980, por lo que su migración por largo tiempo no se encontraba vinculada al asilo político. En general, la migración hondureña se había enmarcado en la lógica de la migración laboral hacia Norteamérica. Siguiendo la teoría de Massey, Fernández Casanueva (2017) argumenta que “es una movilidad que surge a partir de estructuras económicas y políticas que han perpetuado desigualdades entre países, lo que genera condiciones de expulsión y atracción de migrantes, y que, a lo largo de los años han construido profundos vínculos sociales, culturales, políticos y económicos a distintos niveles” (p. 27).

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La migración hondureña a Estados Unidos fue aumentando a finales de la década de 1990 debido a varias razones. En primer lugar, debido a una importante crisis económica a finales de la década resultado de la naturaleza especulativa de la industria manufacturera de capital estadounidense que llevó a un gran aumento en el desempleo en el país (Fernández Casanueva, 2017, p. 28). En segundo lugar, al huracán Mitch que devastó el país en 1998, lo que hundió aún más la economía hondureña y llevó a la migración de 58,745 personas. En respuesta a la crisis humanitaria, Estados Unidos otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un permiso de tiempo limitado para que los hondureños residieran y trabajaran de manera documentada en el país, beneficiando a 82,000 hondureños. Esto fortaleció vínculos entre el lugar de origen y el de destino. Por último, la política de deportación de personas centroamericanas desde Estados Unidos, muchas de las cuales se encontraban en prisión y formaban parte de pandillas, creó una crisis de seguridad en el país. Honduras no había experimentado una adecuada transición a un gobierno civil, pues fue uno de los bastiones estadounidenses durante la Guerra Fría. Esto obstaculizó el fortalecimiento de las instituciones políticas del país, dejando fuerzas policiales poco profesionales luego de la desmilitarización.

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Ante el alza en el crimen y violencia, Ricardo Maduro, presidente de 2002 a 2006, instauró la política de “mano dura.” Como parte de esta estrategia, se hicieron modificaciones al código penal y se creó la Ley Antimaras (artículo 332), la cual aumentó las multas y penalizaciones y permitió la detención y captura de toda persona considerada sospechosa de asociación delictiva. Como consecuencia de esta política, los jóvenes pertenecientes a una clase sociopolítica baja comenzaron a ser sujetos de criminalización y abuso por parte de las autoridades hondureñas, quienes ven a todos los jóvenes que residen en barrios donde las pandillas ejercen cierto control como delincuentes. Las autoridades llegan a detenerlos e incriminarlos sin saber a ciencia cierta si pertenecen a una pandilla. Esta tendencia a la criminalización de los jóvenes se mantienen en la actualidad: de enero a diciembre de 2017, 71.2% de las personas asesinadas en el país fueron jóvenes entre 15 y 39 años, siendo el sub-grupo de 20 a 24 años el de mayor frecuencia (19.9% para ambos sexos), aunque en general por cada mujer asesinada hay nueve hombres.[xxiv] Por otro lado, el actual presidente Juan Orlando Hernández, personaje cercano a la élite empresarial del país y a Estados Unidos, ha fortalecido el proceso de militarización mediante la creación de la nueva Policía Militar de Orden Público. 

 

Sin embargo, este tipo de políticas no ha dado resultados, pues realmente no enfrenta los problemas de fondo, tales como la pobreza, la falta de servicios básicos en zonas urbanas marginales y la falta de oportunidades. En la actualidad, 70% de los habitantes de Honduras (más de 8 millones) vive en la pobreza extrema, mientras que el 10% de los hondureños con más ingresos tiene cerca de 42% del ingreso nacional.[xxv] Por otro lado, esta política de terror llevó a que más personas buscaran huir del país y migrar.

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Como se verá en los relatos de esta serie (vínculos abajo), muchos de los centroamericanos que migran hacia el norte, sobre todo los jóvenes, son criminalizados tanto en su Estado de origen como en el tránsito o destino, pues son obligados a salir de sus países por políticas que los criminalizan por ser jóvenes y vivir en barrios pobres donde las pandillas tienen el dominio, sin que esto signifique necesariamente que son parte de estas. Por el otro lado, al llegar a México, estas personas son vulneradas por las políticas de contención y detención cuyo objetivo principal es que estos jóvenes no lleguen a los Estados Unidos, negándoles así su derecho a la protección internacional y haciéndolos, bajo la condición de migrantes indocumentados, más vulnerables a que sean abusados ya sea frente a las autoridades mexicanas o los mismos pobladores y a que caigan en redes de trata de persona o sean víctimas de la delincuencia. 

 

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